Según Blanca Inés Durán, representante de Vamos Colectivo, la
respuesta de la Fiscalía General de la Nación sobre estas denuncias ha
sido insuficiente y – en algunos casos – inexistente. De los 41 casos
documentados, la entidad solo conoce 27, y, de estos últimos, apenas 8
siguen activos.
Bogotá, 25 de noviembre de 2025. Ante la Comisión de Acusaciones
de la Cámara de Representantes se instauró una denuncia disciplinaria
contra Luz Adriana Camargo Garzón, actual fiscal general de la nación,
por el delito de Prevaricato por Omisión. La imputación se sustenta en la
falta de celeridad (e incluso de conocimiento) de 41 denuncias por acoso
y abuso sexual, las cuales fueron recibidas por la Fiscalía General de la
Nación entre 2021 y 2023.
En todos los casos, las víctimas fueron mujeres deportistas, quienes
hacían parte de las múltiples ligas de entrenamiento y competencia de
Bogotá; sus victimarios fueron gente cercana al deporte: compañeros,
profesores o entrenadores.
“Cuando me desempeñé como directora del Instituto Distrital de
Recreación y Deporte (IDRD) creé el protocolo de prevención de violencias
de género: este mecanismo permitió romper el silencio de decenas de
víctimas, quienes se veían sometidas al poder e intimidación de sus
entrenadores o al acoso constante de sus compañeros en las ligas
deportivas.
Escuchamos sus denuncias, confidencialmente, y
acompañamos a las víctimas para instaurar las respectivas denuncias
ante las autoridades”, relató Blanca Inés Durán, representante de la
fundación “Vamos Colectivo”, quienes mantienen una lucha constante a
favor de las mujeres colombianas, en especial de las deportistas.
Para 2023 (pasados dos años desde las denuncias de las víctimas) no se conocía la primera acusación formal de los fiscales contra los presuntos abusadores; fue entonces cuando Blanca Inés radicó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación, para conocer el estado de las investigaciones de 41 casos, cifra resultante de la recopilación hecha en el IDRD en 2021. Lamentablemente, no obtuvo respuesta.
“En 2024, y viendo que nada avanzaba, radiqué otro derecho de petición,
que también ignoró la fiscalía. Por eso, este año (2025) instauré una
acción de tutela, abogando por los derechos fundamentales de las
víctimas. Al fin, el 23 de agosto de 2025, me llegó una carta enviada por
el profesional Óscar Alfredo Pardo León, del grupo jurídico de la dirección de fiscalías de Bogotá, donde me indicaba que no me podía dar información puntual de cada caso, porque yo no era víctima o apoderada jurídica de ninguna de ellas. Fue muy frustrante”, añadió Durán.
En su respuesta, la fiscalía reveló un dato preocupante: de los 41 casos
reportados por Blanca y su fundación, el ente investigador solo tenía
noticia de 27, de los cuales apenas 8 siguen activos. “el resto fueron
archivados o encontrados no conducentes” añadió.
Sobre los 8 casos mencionados, no existe en la actualidad un solo fallo
condenatorio contra los victimarios de estas jóvenes, quienes sufren la
impunidad y el abandono estatal.
Mariana sigue esperando a que la justicia vuelva “de viaje”
Uno de los casos más dolorosos del grupo de los ocho que tiene en su
poder la fiscalía es el de *Mariana Parra (nombre cambiado para proteger su identidad): una joven menor de edad, con sueños de triunfar en la liga de ciclismo de Bogotá.
«En el Velódromo de El Salitre conoció al que sería su entrenador: un
hombre mucho mayor, reconocido dentro de su gremio, y quien se
encaprichó rápidamente con Mariana, quien tenía apenas 16 años para el momento de los hechos (2023), al punto de pedirle quedarse en las
instalaciones de entrenamiento luego de las jornadas para acompañarlo».
“Fue ahí cuando se presentó el primero de los abusos sexuales, en las
bodegas del Velódromo; la policía me llamó y me dijo que llegara allá,
que algo grave había pasado con mi niña”, recuerda con dolor la madre
de la víctima.
Mariana fue trasladada al hospital San José, donde se activó el Código
Blanco (para casos de abuso sexual) mientras el entrenador era capturado y llevado a la URI de Engativá; tras la denuncia, Medicina Legal confirmó el acceso carnal violento, pero el presunto violador también actuó con celeridad: la defensa alegó que el entrenador no fue capturado en flagrancia, por lo que quedó en libertad, aunque vinculado al proceso penal. Lo peor es que – según el relato de la menor – no fue la primera vez que el entrenador la violaba; ya había sucedido en 2021, cuando ella tenía 14 años. El dolor y las presiones constantes del sujeto hicieron que callara lo sucedido, y siguiera acudiendo a las clases, hasta el segundo abuso en 2023.
“Pusimos abogado, acudimos a la Defensoría del Pueblo, pero a pesar de eso la fiscalía nunca le prestó atención a mi denuncia; tuvimos la primera audiencia, y luego de eso fue aplazamiento tras aplazamiento, y ni siquiera pude hablar con la fiscal que llevaba el caso. Y no eran tiempos cortos: eso iba de marzo a agosto, luego aplazaban de agosto a
diciembre, luego a febrero, y así… a la fecha, ya van dos años que no ha
avanzado el proceso ni he recibido respuesta alguna, y todo sigue en la
impunidad”, relata con amargura la madre de Mariana.
Según la familia de la víctima, el ente acusador no realizó investigación
alguna, no recabó pruebas ni citó a testigos. Ahora temen que el proceso se extinga por vencimiento de términos. Sobre el paradero del
entrenador, no se conoce su ubicación exacta, pues se presume que salió del país con rumbo a Panamá.
Lejos de recibir apoyo y consuelo por parte de sus compañeros de equipo y el gremio ciclístico, Mariana ha sido discriminada y señalada varias veces por lo que sufrió, re victimizándola. “Ella escucha los comentarios tendenciosos y me dice ¿Esto me va a perseguir para siempre? ¿no voy a poder pasar la página?”, puntualizó.
Son 41 familias que esperan justicia, y ninguna de ellas está más cerca
de recibirla. La denuncia interpuesta por Blanca Inés Durán busca sentar un precedente sobre el abandono estatal a las mujeres deportistas e imponer una sanción ejemplar a quien ostenta el cargo de cabeza de la Fiscalía General de la Nación, para que se ponga fin a este fenómeno de negligencia.
“Estos casos no son aislados: hay un machismo institucional que
invisibiliza los casos de abuso y acoso contra las deportistas simplemente no les parece algo relevante y esto tiene que parar” concluyó Blanca Durán.
De ser hallada culpable, la fiscal general Luz Adriana Camargo se
enfrentaría a la suspensión de sus funciones e incluso a la destitución de
su cargo.
FABIAN YÁÑEZ – Periodista.
